Prohens exige que el próximo Gobierno central compense a los 8.000 funcionarios del Estado en las Islas

El PP balear en el Parlament liderado por la presidenta del Ejecutivo de las Islas, Marga Prohens, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al futuro Gobierno central a hacer efectiva una «insularidad digna» que se vea reconocida en los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

En palabras del portavoz popular en la cámara autonómica, Sebastià Sagreras, la intención de la PNL es lograr que los funcionarios de la Administración General del Estado «puedan recibir una compensación de los gastos derivados de la insularidad adaptados al coste real de la vida, incorporándose de forma justa y efectiva en los próximos PGE».

«Esta medida debe ir en paralelo a la estrategia del Govern de Marga Prohens de captación y fidelización para lograr que Baleares se convierta en un destino de servicio atractivo y que estimule la total y permanente cobertura de las plazas de empleados públicos de la Administración del Estado», ha añadido.

A este respecto hay que recordar que el pasado mes de abril, el Senado aprobó una propuesta del PP que el Gobierno de Sánchez incumplió, para que los funcionarios del Estado en Baleares, que soportan uno de los costes de vida más altos de España, tripliquen el irrisorio plus de 74 euros que ahora perciben.

Una indemnización por residencia del personal del sector público fijado hace 17 años, y que el PP propuso elevar hasta los 225 euros para que se beneficiaran trabajadores públicos como policías nacionales, Guardia Civil, funcionarios de Hacienda, Aduanas, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Costas, Defensa, Meteorología, Seguridad Social y Tesorería.

En esta línea, el portavoz del PP en la Cámara balear insistió hoy en la «necesidad de una insularidad digna», y de conseguir que los funcionarios «no pierdan poder adquisitivo por el simple hecho de ser destinados a Baleares».

Para ello, ha indicado Sagreras, se requiere «aumentar el complemento retributivo de estos trabajadores», porque, «de lo contrario, se está traduciendo en una clara infradotación de empleados públicos, una mayor carga de trabajo y una peor atención a los ciudadanos».

«Hay 8.000 funcionarios cuya indemnización por residencia no se ajusta al actual nivel de vida y eso tiene como consecuencia que las vacantes repercuten en los servicios, con falta de seguridad», ha manifestado el popular.

Y es que ante este panorama los servicios públicos en Baleares son de peor calidad, porque buena parte de las plantillas están cerca de la jubilación y existe una elevada rotación de personal. De hecho, los nuevos funcionarios vienen casi obligados, y cuando pueden, piden irse existiendo en estos momentos un déficit del 40% de media en las plantillas (que alcanza cifras del 60% en las oficinas de extranjería), con la consiguiente sobrecarga de trabajo para el resto de empleados públicos.

Por último, desde el PP han considerado que el Gobierno de España debería realizar un estudio económico preciso sobre los costes reales originados a los empleados del sector público estatal que despliegan sus funciones en Baleares, con el objetivo de actualizar la indemnización por residencia «para ajustarla a la realidad», cosa que hoy está lejos de alcanzarse con un insultante plus de indemnización por residencia de 74 euros.